Por Luna Díaz Valverde, Centro para el Desarrollo Humano Integral
Cada 1 de mayo volvemos a hablar del trabajo. Se recuerdan derechos y se destacan avances. Sin embargo, no siempre se nombra lo esencial: esos derechos no fueron concesiones, sino el resultado de la organización y presión sostenida por los trabajadores y las trabajadoras.
Conmemorar esta fecha no es un simple ejercicio de memoria. Es una invitación a mirar el presente con honestidad: ¿el trabajo que hoy estamos construyendo permite sostener la vida, o sigue organizándose como si la vida ocurriera fuera de él?
La historia laboral muestra que la jornada, el descanso y la seguridad social nacen de esa capacidad de organización. En ese camino, el sindicalismo ha sido clave no solo para mejorar condiciones laborales, sino también para construir espacios de encuentro, solidaridad y acción colectiva. En coherencia con ello, la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho a la organización de las y los trabajadores, afirmando que “los obreros tienen derecho a formar asociaciones” (León XIII, Rerum Novarum 1891).
Hoy, estas discusiones se reabren ante nuevas tensiones. La implementación de la jornada de 40 horas —que este año ha avanzado en su reducción a 42 horas— vuelve a ser cuestionada, instalando dudas sobre su impacto en el empleo. Pero más allá de ese debate, la pregunta de fondo sigue vigente: ¿estamos reduciendo el tiempo de trabajo o intensificando sus ritmos? ¿Se está liberando tiempo para la vida o reorganizando la productividad bajo nuevas formas?
Esta discusión se conecta directamente con la conciliación entre vida laboral y familiar. Cuando las jornadas dificultan sostener la vida cotidiana, no estamos solo frente a un problema individual, sino ante una desigualdad estructural. Esto se expresa con claridad en la crisis de los cuidados: el sostenimiento de la vida sigue recayendo principalmente en mujeres, y las condiciones laborales muchas veces expulsan o precarizan su participación en el empleo.
Por eso, la discusión sobre jornada laboral, empleabilidad de las mujeres y corresponsabilidad en los cuidados no son temas separados, sino dimensiones de un mismo problema. Porque el problema no es solo cuánto trabajamos, sino cómo el trabajo organiza —o desorganiza— la vida cotidiana.
La Doctrina Social de la Iglesia es clara en este punto. Ya en Rerum Novarum se advierte que el trabajo no debe prolongarse “más allá de lo que permiten las fuerzas” del trabajador (León XIII, 1891). En la misma línea, Laborem Exercens recuerda que “el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo” (Juan Pablo II, 1981). No se trata solo de mejorar condiciones, sino de preguntarnos qué tipo de trabajo estamos organizando.
En este escenario, el sindicalismo enfrenta un desafío clave. No basta con negociar dentro de un modelo que produce desigualdad; es necesario preguntarse por su capacidad de transformarlo. Esto implica incorporar las demandas vinculadas a género y cuidados, fortalecer la representación en contextos de mayor precariedad y avanzar en formas de articulación que enfrenten la fragmentación del mundo del trabajo.
Pero también implica recuperar su dimensión comunitaria. El sindicato no es solo un espacio de negociación, sino un lugar donde se construye solidaridad, compañerismo y sentido colectivo. En
línea con la Doctrina Social de la Iglesia, está llamado a ser un espacio de encuentro y diálogo social, sin desconocer que, cuando este no es suficiente, la organización y la acción colectiva siguen siendo herramientas legítimas para avanzar en justicia.
El 1 de mayo no es solo un recordatorio del pasado. Es una interpelación al presente. Nos invita a revisar si el trabajo que estamos construyendo permite vivir, cuidar y proyectar futuro.
Porque no basta con tener trabajo. La pregunta es si ese trabajo permite vivir.
